Principios democráticos en tiempos de crisis: Nuestra declaración conjunta

La pandemia de coronavirus exige una gestión de crisis por parte de los gobiernos de todo el mundo. En estas circunstancias excepcionales, las vidas dependerán de una acción gubernamental rápida y eficaz. Al mismo tiempo, es esencial que dicha acción cuente con el consentimiento y el apoyo de la población de cada país, que reconoce que el gobierno está actuando para proteger al público. Una crisis no es justificación para socavar la democracia.

Para los gobiernos autoritarios, una crisis puede ser una oportunidad de consolidar el poder y legitimar las medidas represivas evocando una amenaza existencial. Para las democracias emergentes, existe el riesgo de que las medidas legítimas para abordar la salud pública socaven los avances en la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas.

La declaración

Por eso el NIMD, como parte del Asociación Europea para la Democracia (EPD), ha firmado una declaración conjunta sobre la importancia de los principios democráticos fundamentales durante y después del brote de COVID-19.

Junto con otras 14 organizaciones de apoyo a la democracia, pedimos a los gobiernos y parlamentos de todo el mundo que garanticen que:

• Los poderes de emergencia tienen una duración limitada y son proporcionales a la amenaza.
• Las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis se comunican continuamente al público de forma transparente.
• Se respeta el derecho a la intimidad.
• Se mantienen la transparencia y la rendición de cuentas.
• Se reconoce y protege el papel crucial de los medios de comunicación independientes en la pandemia de coronavirus.
• Nadie se queda atrás. Esto implica reconocer que las mujeres pueden estar más expuestas a la violencia y tener peor acceso a la atención sanitaria oficial; los grupos en conflicto con el gobierno pueden quedar excluidos de la atención sanitaria; las comunidades minoritarias pueden ser víctimas de un trato racista y xenófobo, y sufrir restricciones en el acceso a la atención sanitaria; las personas con discapacidad pueden quedar relegadas en la lista de prioridades de tratamiento; y los refugiados o desplazados internos pueden quedar especialmente expuestos. Las medidas de salud pública deben tener muy en cuenta estas y otras vulnerabilidades.

Lea la declaración completa aquí.